Setenta organizaciones divulgaron una carta pública donde señalan que temen la "criminalización de la protesta social, como en Chile".
15 de diciembre 2011
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Organizaciones sociales, civiles, ambientalistas, indígenas, de campesinos y sindicales repudiaron una norma antiterrorista lista para ser tratada en sesiones extraordinarias en la Cámara de Diputados y que consideran que generaría condiciones para "una mayor criminalización de la protesta social, similar al caso de los mapuches en Chile".
Unas setenta organizaciones expresaron en una carta pública que el proyecto de reforma del Código Penal -que el martes obtuvo dictamen en la Comisión de Legislación Penal de Diputados- tiene como objetivo "reforzar la capacidad estatal de reprimir pretendidos actos de terrorismo o a quienes los financien".
"El proyecto incorporaría al Código Penal una nueva agravante para cualquier delito que fuera cometido con la finalidad de generar terror en la población o de obligar a un gobierno a adoptar o abstenerse de tomar determinada decisión. En estos casos, se elevaría la pena aplicable al doble de la pena mínima y de la máxima", sostiene el texto de la protesta.
Luciana Bercovich, abogada de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), consideró que el apremio del gobierno en aprobarla puede deberse a compromisos internacionales asumidos por el país de tener una legislación antiterrorista.
Dijo que el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) tiene una política de presionar a los gobiernos para que introduzcan normas de esta naturaleza.
FOSA COMÚN
Una fosa común (fotografía) con restos calcinados de 15 desaparecidos fue hallada en la provincia de Tucumán, en el norte de Argentina, en un ex centro clandestino de detención y exterminio de la última dictadura militar (1976-1983). La agencia de noticias DyN reportó que varios cuerpos estaban "atados en las extremidades superiores, algunos con presencia de proyectiles de arma de fuego".